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La protección de la posidonia nunca ha sido un tema tan presente en los tribunales, las prefecturas marítimas y las autoridades locales. Sin embargo, a la luz de tres noticias recientes, ya no está en juego únicamente la conservación de los prados de posidonia, sino también la claridad de las normas impuestas a los navegantes.
Una protección que ya no es objeto de debate
Las praderas de posidonia constituyen uno de los principales ecosistemas del Mediterráneo. Estabilizan los fondos marinos, limitan la erosión del litoral, capturan carbono y sirven de vivero para numerosas especies.
Desde hace varios años, se multiplican las órdenes de la prefectura destinadas a limitar el fondeo de embarcaciones, especialmente de las de mayor tamaño, en las zonas más sensibles. Las listas de zonas prohibidas se amplían, los controles aumentan y las sanciones son cada vez más frecuentes.
En principio, son pocos los navegantes de recreo ?y aún menos los profesionales? que cuestionan la necesidad de preservar estas praderas marinas. Sin embargo, las modalidades de aplicación dan a veces la sensación de que la normativa evoluciona más rápido de lo que se comprende.
Marsella recuerda que las prohibiciones siguen siendo plenamente aplicables
El primer caso tuvo lugar en el Parque Nacional de las Calanques. El 30 de junio de 2026, un yate de 60 metros con pabellón de Antigua y Barbuda fondeó en una zona prohibida cerca de la isla de Jarre. Tras recibir el aviso, la Brigada Náutica Departamental intervino y puso fin al fondeo.
Al levantar el ancla, los agentes de policía observaron que había fragmentos de posidonia adheridos a ella. Al parecer, se detuvo al propietario del barco y se inició un procedimiento judicial.
Este caso nos recuerda un principio sencillo: las zonas en las que está prohibido fondear deben respetarse, independientemente del tamaño del buque. La infracción queda plenamente constituida en cuanto se incumple la orden de la prefectura.
La justicia distingue ahora claramente entre la infracción y el perjuicio ecológico
Sin embargo, y en contra de la tendencia general, unos días más tarde, el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence matizó otro aspecto del caso. En el caso del capitán belga de un yate de 33 metros procesado por varios fondeos prohibidos en el Cabo de Antibes en 2023, el tribunal no puso en duda la existencia de la infracción.
En cambio, anuló más de 93 000 ? en concepto de indemnización por daños y perjuicios concedida por el perjuicio ecológico. Para el Tribunal, las pruebas científicas seguían siendo insuficientes para demostrar que ese buque concreto fuera realmente el causante de los daños alegados.
Esta decisión no reduce el alcance de las ordenanzas que protegen la posidonia. Simplemente recuerda un principio fundamental del Derecho francés: una infracción no demuestra automáticamente que se haya producido un daño medioambiental. La indemnización por un perjuicio ecológico supone establecer con precisión la relación entre la conducta del buque y los daños observados.
Sin embargo, esta distinción, de carácter muy jurídico, puede resultar difícil de entender para muchos navegantes y profesionales.
En Bonifacio, las cajas de amarre también se están convirtiendo en motivo de controversia
El tercer ejemplo demuestra que las soluciones destinadas a evitar los fondeaderos tampoco se libran de la polémica.
El Tribunal Administrativo de Bastia ha anulado la orden prefectoral que autorizaba la instalación de 14 amarres para yates de más de 24 metros en la bahía de Sant'Amanza. El tribunal considera que el procedimiento administrativo no había cumplido varias obligaciones, entre ellas la organización de una consulta pública.
Sin embargo, unos días antes de la sentencia, una nueva orden prefectoral ya había renovado la autorización tras la realización de dicha investigación. Las asociaciones ecologistas ya han anunciado un nuevo recurso.
Esta sucesión de decisiones pone de manifiesto la complejidad de un sistema que, sin embargo, se presenta como una alternativa al fondeo con ancla. Las cajas tienen precisamente como objetivo proteger las praderas marinas evitando que las cadenas raspen el fondo. Sin embargo, su instalación se está convirtiendo también en motivo de controversia.
Los navegantes de recreo necesitan una normativa más clara
Si se analizan por separado, cada uno de estos casos responde a una lógica diferente.
- En Marsella, las autoridades hacen cumplir la prohibición de fondear.
- En Aix-en-Provence, los magistrados recuerdan los requisitos de la legislación en materia de responsabilidad medioambiental.
- En Bonifacio, el tribunal comprueba la regularidad de un procedimiento administrativo.
Pero, si se analizan en su conjunto, estos tres acontecimientos ofrecen una imagen más contrastada.
El mensaje dirigido a los navegantes resulta cada vez más difícil de entender. Por un lado, se endurecen las prohibiciones. Por otro, los tribunales recuerdan que no se puede dar por sentado que se haya producido un daño ecológico. Por último, los equipos destinados a sustituir el fondeo tradicional también acaban en los tribunales.
Tanto para los navegantes de recreo como para los capitanes profesionales, esta acumulación genera un sentimiento de incertidumbre. La protección de la posidonia sigue siendo un objetivo ampliamente compartido. Pero su credibilidad también se basa en una normativa comprensible, estable y coherente. Probablemente sea en este ámbito donde las autoridades deberán centrar ahora sus esfuerzos para que la protección del medio ambiente siga contando con la plena aceptación de quienes navegan.
