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La propuesta de prohibir los yates de más de 50 metros en el litoral francés es un ejemplo de ello.
Aunque se presenta como una medida medioambiental, prácticamente no modificaría las emisiones mundiales del sector. Las unidades afectadas no desaparecerán. Simplemente optarán por hacer escala en Italia, España o Cerdeña. Las emisiones seguirán siendo las mismas, pero los beneficios económicos se irán de Francia.
Sin embargo, son los puertos franceses, las empresas de mantenimiento, los astilleros de reacondicionamiento, las empresas de servicios, las tripulaciones, los proveedores, los hoteles, los restaurantes y toda una economía costera los que viven de esta actividad.
Francia cuenta con una reconocida experiencia en la remodelación de grandes yates, en equipos electrónicos, sistemas de a bordo, materiales compuestos, talleres de velas e ingeniería naval. Estas competencias representan miles de puestos de trabajo altamente cualificados, difíciles de sustituir y ampliamente exportables.
Debilitarlos no acelerará la transición ecológica.
Otro motivo de preocupación es la TAEMUP, el impuesto anual sobre las embarcaciones de uso personal. Su fundamento se basaría, en particular, en una señal económica destinada a fomentar el uso de motores más respetuosos con el medio ambiente.
El objetivo puede parecer legítimo. Pero para ello es necesario que la tecnología exista.
Hoy en día, sencillamente no existe ninguna solución eléctrica adecuada para gran parte de las embarcaciones pequeñas en cuestión. No hay ninguna oferta asequible para sustituir un motor térmico de 150 o 200 cv por una solución eléctrica. Las limitaciones relacionadas con la densidad energética de las baterías, la autonomía, el peso a bordo y las infraestructuras de recarga siguen impidiendo la generalización de estas tecnologías.
Aumentar los impuestos sin ofrecer una alternativa técnicamente viable equivale a penalizar un comportamiento que, en la práctica, es imposible de modificar.
Esta lógica plantea dudas. Una fiscalidad medioambiental surte efecto cuando acompaña a una transición viable. Pierde coherencia cuando sanciona una elección que, en realidad, no lo es.
Al intentar multiplicar las prohibiciones y los impuestos antes de que las soluciones industriales estén plenamente disponibles, se corre el riesgo de desplazar la actividad hacia otros países, en lugar de acelerar la innovación.
Italia, España, Croacia, Montenegro o Grecia siguen estos debates con interés. Cada yate que abandona de forma permanente las costas francesas supone puestos de trabajo, escalas, trabajos de mantenimiento e inversiones que beneficiarán a otros lugares.
Lo que está en juego va mucho más allá del ámbito de la navegación de recreo.
Plantea una cuestión de método. ¿Debe la transición ecológica basarse en objetivos industriales, innovaciones y tecnologías disponibles, o en medidas cuyo efecto principal es desplazar la actividad fuera de nuestras fronteras?
Francia cuenta con algunos de los mejores arquitectos navales del mundo, proveedores de primer orden, astilleros reconocidos a nivel internacional y una industria capaz de idear las soluciones del futuro.
Pero hay que darle los medios para que siga siendo competitiva.
La ecología y la industria no son incompatibles. Más bien al contrario. Solo si conservamos las empresas, las competencias y los centros de decisión en nuestro territorio dispondremos de los medios técnicos y financieros necesarios para lograr la descarbonización del sector náutico.
Castigar suele ser más fácil que transformar. Sin embargo, en una economía abierta, rara vez son los mismos quienes asumen las consecuencias.
